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Puigdemont pide de nuevo cautelares al Tribunal de la UE para frenar el proceso de extradición en Italia
Yo sí me la he leído a fondo y no veo cómo se pueden tratar todos los temas tan complejos de la sentencia en un artworkículo como este.
Es importante mencionar que la Orden Europea de Detención ha sido objeto de críticas debido a su falta de garantías procesales y a su posible uso indebido por parte de algunos estados miembros.
La Euroorden significa el reconocimiento mutuo de los sistemas judiciales entre países de la UE, en los casos en los que se aplica.
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El tribunal debería determinar, en el marco de una euroorden contra Puigdemont, según el texto del TJUE, “si existe un riesgo actual de vulneración de ese derecho basic” o “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor”.
La Euroorden también establece unos plazos determinados para la entrega de la persona requerida. El plazo máximo para la entrega es de 90 días desde la detención de la persona en el país donde Visit This Link se encuentra. Este plazo puede ser ampliado por decisión del tribunal si existen circunstancias excepcionales.
Una de las principales ventajas de la Euroorden es el tiempo. El país donde se produce la detención tiene que actuar lo antes posible: tiene ten días para tomar una decisión sobre la extradición del Web Site detenido al país que ha emitido la Euroorden si el detenido consiente la entrega, y un máximo de 60 días en caso contrario. Antes de la Euroorden este proceso podía durar un año de media.
Each member state decides what legal benefit it offers to some Pink Detect and also the authority of their regulation enforcement officers to create arrests.
Es un proceso entre autoridades judiciales. El juez responsable del caso solicita directamente mediante un formulario estándar al juez de otro país o países de la UE la detención y entrega de la persona condenada o acusada, cuando proceda según lo estipulado en la propia Decisión Marco creadora de esta Orden de detención y entrega europea.
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La secretaria common del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el Estado de Derecho "funciona" y que al last el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros huidos del one-O tendrán que "rendir cuentas ante la Justicia española".
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dirigió la cuestión prejudicial al Tribunal con sede en Luxemburgo en marzo de 2021, justo después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconseller Lluís Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que de ser entregado a España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
